El dirigente de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana, Bruno Plácido Valerio, reapareció este martes,
luego de varios días de ausencia en la entidad, en un evento público donde hubo
presencia de autoridades estatales y federales.
El dirigente indígena tramitó un amparo para que
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le informe si existen
procedimientos judiciales en su contra, esto luego de que al menos dos
funcionarios del gobierno estatal informaron que existen órdenes de aprehensión
en su contra y varias averiguaciones previas.
Plácido Valerio estuvo presente en la
Instalación de Mesas para el Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Guerrero, en donde estuvo presente el delegado de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Juan Salgado Brito, y el asesor de la administración estatal, Ernesto
Aguirre.
Este es el primer evento público en el que
Plácido Valerio hace acto de presencia luego de permanecer varios días fuera de
Guerrero para tratarse por problemas de salud en la Ciudad de México, de donde
regresó el día sábado.
El pasado 12 de agosto, Víctor Jorge León
Maldonado, subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó la existencia de
una orden de aprehensión por los delitos de robo y daños en contra de Bruno
Plácido.
Dos días después, el vocero del gobierno de
Guerrero, José Villanueva Manzanares, dijo que el fundador de la policía
ciudadana era un prófugo de la justicia, y reveló que existían en su contra dos
averiguaciones previas del fuero federal y una del fuero estatal.
Sin embargo, el día viernes, Miembros del Frente
Popular por el Desarrollo de Guerrero, organización de la que forma parte la
UPOEG, dieron a conocer que el gobierno federal y el estado les negaron la
existencia de una orden de aprehensión en contra de su dirigente.
No descartó que en el transcurso de esta semana
se presente ante la Fiscalía guerrerense para aclarar esta situación,
principalmente porque el subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique
Miranda Nava, y el secretario general del Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez
Garnelo, rechazaron la existencia de averiguaciones previas y órdenes de
aprehensión en su contra.
“En cuanto me notifiquen que me van a recibir
para que yo me presente a hablar con el procurador, para aclarar que ya hay un
diálogo con el gobernador, que es su jefe político y que ellos no pueden tomar
otras decisiones”, dijo.
Reconoció también que la mayoría de los
integrantes de la UPOEG enfrentan averiguaciones previas, derivadas de las
detenciones que la policía ciudadana ha hecho de presuntos delincuentes que
operaban en el Valle del Ocotito.
Criticó también la postura del vocero del
gobierno estatal, José Villanueva Manzanares, quien lo llamó prófugo de la
justica, versión que posteriormente fue desmentida.
“Si el vocero desconoce los acuerdos pues que se
coordine con su jefe, porque no me voy a pelear con gatos ni con liebres, yo ya
me entendí con el gobernador. El vocero está tomando un posicionamiento como si
él fuera el Ejecutivo, deben darle un curso para conocer su papel (…) no fui ni
fugitivo ni ando prófugo de la justicia”, precisó.
Finalmente, advirtió que la policía ciudadana no
se integrará a la Policía Estatal Rural, que depende directamente de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esto porque ya cuenta con el
reconocimiento oficial de los cabildos en la mayoría de los municipios donde
tienen presencia, haciendo falta solamente el de Chilpancingo y Acapulco.
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